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El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dio este martes lugar a la suspensión condicional del proceso penal seguido en contra de Nova Austral por el delito de contaminación de aguas, luego de que la salmonera llegara a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esta causa se enmarca en la querella penal que el mismo CDE presentó en 2020 en contra de cinco exejecutivos de la salmonera por delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, por hechos ocurridos entre 2016 y 2019, cuando la empresa habría reportado información ambiental adulterada, haciendo además uso de la Ley Navarino, que entrega beneficios tributarios a compañías que se instalan en la Región de Magallanes.

La causa sigue en contra del exgerente general de la salmonera, Nicos Nicolaides, y los otros cuatro ejecutivos y, de hecho, la Fiscalía ya habría presentado acusaciones en contra de ellos. El acuerdo del CDE es solo con Nova Austral como compañía, que hoy cuenta con otra administración y está en un proceso de reestructuración de sus deudas y de cambio de controladores.

El acuerdo

La suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral -representada por Carey Abogados- disponga de unos $ 7.000 millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República (TGR), destinándolos al pago de ciertos impuestos determinados por el SII. Nova Austral también desistirá de todas “las impugnaciones, reclamos y excepciones deducidas en contra del cobro de deudas tributarias ante organismos públicos y Tribunales de Justicia que a la fecha se encuentren vigentes”, que son al menos cinco casos que se explicitan en el acuerdo. También implica que la firma llegue a un acuerdo con el SII y la TGR en todos los temas tributarios que tiene pendientes.

Además, donará a la Gobernación Regional de Magallanes un terreno en Porvenir que, según fuentes cercanas a la empresa, estaría avaluado en cerca de UF 46.000 (más de $ 1.700 millones) y podría ser utilizado para un proyecto comunitario.

Por otro lado, la salmonera también se obliga a actualizar su Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con las exigencias de la nueva Ley de Delitos Económicos y particularmente en cuanto a los atentados contra el medio ambiente, lo cual deberá ser certificado por un tercero independiente.

Vale decir que, además de no interferir en las acusaciones contra los exejecutivos, el acuerdo tampoco suspende los otros procesos judiciales de la empresa en tribunales civiles y ambientales, sino que solo aplica para la arista penal.

La reorganización

A mediados de enero, siete meses después de que ingresó la solicitud, Nova Austral recién logró que sus acreedores aprobaran la reorganización judicial. El proceso ha estado marcado por una ardua disputa entre los dos grandes acreedores, los bonistas -grupo que incluye a un fondo británico que compró los títulos de Moneda Asset y el family office de los Solari Donaggio- y el banco noruego DNB, además de una crisis social debido a que la compañía es la principal empleadora de la isla de Tierra del Fuego y reveló deudas por US$ 560 millones.

El acuerdo de reorganización implica que el fondo noruego Altor -cuyo representante Tom Christian Jovik hoy enfrenta querellas de parte de Moneda y los Solari- salga de la propiedad de la empresa, cediéndola, justamente, a los acreedores.

La delicada situación de Nova Austral, que hoy tiene al exejecutivo de Cencosud, Nicolás Larco, como gerente general, habría hecho necesario el esfuerzo financiero para lograr el acuerdo de esta semana, pues los temas tributarios estaban resultando como una piedra de tope para concluir la reestructuración con éxito.

Los exejecutivos

La causa penal, en tanto, continuará en contra de Nicolaides y también del exgerente de Producción, Arturo Schofield; del exgerente regional de Magallanes, Drago Covacich; y de los exjefes de área, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.

En 2020, el CDE acusó que estos ejecutivos abusaron de la Ley Navarino, percibiendo diversos beneficios tributarios que fueron solicitados “de manera fraudulenta”.

Ese año, en su querella, el Consejo acusó que, desde 2016, la compañía obtuvo un beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante haber incumplido la obligación de hacer un uso racional de los recursos naturales de la región, haber dañado el medio ambiente y proporcionado “información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva”.

DF.

Comunales

Salud impulsa unidades modulares de diálisis en Punta Arenas y Porvenir

 

El Ministerio de Salud anunció la instalación de unidades de diálisis modulares en Punta Arenas y Porvenir, como parte de una estrategia para mejorar el acceso a tratamientos renales en zonas extremas. Esta modalidad, ya implementada exitosamente en comunas como La Granja y Caldera, permite una rápida puesta en marcha de los servicios.

La iniciativa busca optimizar recursos, garantizar operatividad y responder rápidamente a la demanda en la región de Magallanes. Se contempla una licitación financiada por el Gobierno Regional, con soluciones que van desde el arriendo de infraestructura hasta sistemas «llave en mano».

Aunque ya existe un proyecto definitivo para Tierra del Fuego aprobado en 2024, la medida modular permitirá reducir plazos y cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad de Porvenir.

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Comunales

Funcionarios del Colegio María Auxiliadora de Porvenir inician paro por sueldos impagos

 

Porvenir. Los funcionarios del Colegio María Auxiliadora de Porvenir iniciaron este lunes una paralización indefinida en respuesta al incumplimiento del pago de sus sueldos correspondientes al mes de abril y el retraso en el pago de cotizaciones previsionales de marzo.

 

El sindicato de trabajadores del establecimiento, administrado por la Fundación FIDE XII, denunció la grave situación que afecta la estabilidad económica de los funcionarios y sus familias. A través de un comunicado, hicieron un llamado a las autoridades a atender el conflicto con responsabilidad y disposición al diálogo.

 

“Esperamos que esta paralización sea comprendida como un llamado a la responsabilidad, y reiteramos nuestra disposición a resolver esta situación de manera dialogada. Los sueldos son la base de la estabilidad económica de cada trabajador y su familia”, señaló el sindicato.

 

Esta no es la primera vez que los trabajadores enfrentan este tipo de problemas. En diciembre pasado, ya se había evidenciado una deuda de 160 millones de pesos por cotizaciones impagas, lo que llevó a un acuerdo con el sostenedor para regularizar la situación. Según ese compromiso, FIDE XII abonaría el 50% de la deuda en diciembre y el resto en los primeros meses de 2025.

 

Ante el nuevo incumplimiento, los funcionarios decidieron retomar la movilización, exigiendo el cumplimiento íntegro de sus derechos laborales.

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Comunales

Aduana chilena frena el sueño de pareja mexicana a 500 kilómetros de Ushuaia

 

A pesar de contar con permisos municipales, agentes incautan combi por venta de café artesanal

Porvenir – La falta de criterio de la aduana chilena ha puesto en jaque el sueño de Fabi y Jaime, una pareja mexicana que desde hace más de tres años y medio recorre Latinoamérica a bordo de su combi, con la meta de llegar a Ushuaia, Argentina, conocido como «el fin del mundo». A escasos 500 kilómetros de alcanzar su destino final, su travesía se ha visto amenazada por una sorpresiva e injustificada intervención de las autoridades aduaneras.

 

Hasta la fecha, Fabi y Jaime han recorrido 14 países en su aventura, promoviendo el turismo local y generando intercambios culturales en cada región que visitan. Sin embargo, el pasado viernes 25 de abril, alrededor de las 15:00 horas, mientras visitaban un museo local, su vehículo fue intervenido por una patrulla de policía y dos agentes de aduanas, bajo el argumento de una supuesta infracción relacionada con la venta de café.

 

Permisos ignorados y exceso de rigor

De acuerdo con los viajeros, la fiscalización se inició debido a una denuncia sobre la venta de café desde su combi. Lo alarmante es que contaban con la autorización expresa del municipio para realizar esta actividad, un detalle que la aduana decidió ignorar. Los agentes procedieron a revisar exhaustivamente el vehículo, abriendo compartimentos y tomando fotografías, para luego declarar su «secuestro».

 

Gracias a la intervención de funcionarios municipales, se evitó que el vehículo fuera retirado de inmediato. Aduanas, tras una llamada con superiores, permitió que los viajeros retuvieran su combi bajo custodia temporal, apelando a razones humanitarias, ya que viven en ella y viajan con su mascota.

 

No obstante, la medida de incautación se mantiene vigente, y la pareja deberá presentarse el miércoles 30 de abril en Punta Arenas, donde se espera que el vehículo sea retirado de su posesión de forma definitiva.

 

Desproporción e incongruencias

El motivo de la sanción —la posesión de apenas un kilo y medio de café comprado legalmente en Chile— expone la desproporción de la medida aplicada. En lugar de una advertencia o sanción administrativa, la aduana optó por el procedimiento más severo, comprometiendo el proyecto de vida de dos viajeros que han recorrido el continente de manera respetuosa y legal.

 

Este caso revela la falta de criterio y la desconexión entre las autoridades locales, que apoyaban el emprendimiento de los viajeros, y las autoridades aduaneras nacionales, cuyo accionar rígido y desmedido impacta no solo en los individuos afectados, sino también en la imagen del país frente a la comunidad viajera internacional.

 

Solidaridad local frente al abuso burocrático

Pese a la adversidad, Fabi y Jaime han destacado la solidaridad de la comunidad local y del municipio, que les proporcionó alojamiento temporal en un albergue deportivo, donde pueden permanecer junto a su mascota en condiciones dignas mientras enfrentan el proceso.

 

«Ha sido muy duro, pero también hemos sentido el apoyo humano de la gente», compartieron a través de sus redes sociales, donde cientos de seguidores ya comenzaron a manifestar su indignación y apoyo.

 

La historia de esta pareja mexicana no solo representa una odisea personal interrumpida injustamente, sino que también invita a una reflexión profunda: ¿están las autoridades chilenas actuando con proporcionalidad y humanidad frente a casos que claramente no representan una amenaza para el país?

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