A pesar de contar con permisos municipales, agentes incautan combi por venta de café artesanal

Porvenir – La falta de criterio de la aduana chilena ha puesto en jaque el sueño de Fabi y Jaime, una pareja mexicana que desde hace más de tres años y medio recorre Latinoamérica a bordo de su combi, con la meta de llegar a Ushuaia, Argentina, conocido como «el fin del mundo». A escasos 500 kilómetros de alcanzar su destino final, su travesía se ha visto amenazada por una sorpresiva e injustificada intervención de las autoridades aduaneras.

Hasta la fecha, Fabi y Jaime han recorrido 14 países en su aventura, promoviendo el turismo local y generando intercambios culturales en cada región que visitan. Sin embargo, el pasado viernes 25 de abril, alrededor de las 15:00 horas, mientras visitaban un museo local, su vehículo fue intervenido por una patrulla de policía y dos agentes de aduanas, bajo el argumento de una supuesta infracción relacionada con la venta de café.

Permisos ignorados y exceso de rigor

De acuerdo con los viajeros, la fiscalización se inició debido a una denuncia sobre la venta de café desde su combi. Lo alarmante es que contaban con la autorización expresa del municipio para realizar esta actividad, un detalle que la aduana decidió ignorar. Los agentes procedieron a revisar exhaustivamente el vehículo, abriendo compartimentos y tomando fotografías, para luego declarar su «secuestro».

Gracias a la intervención de funcionarios municipales, se evitó que el vehículo fuera retirado de inmediato. Aduanas, tras una llamada con superiores, permitió que los viajeros retuvieran su combi bajo custodia temporal, apelando a razones humanitarias, ya que viven en ella y viajan con su mascota.

No obstante, la medida de incautación se mantiene vigente, y la pareja deberá presentarse el miércoles 30 de abril en Punta Arenas, donde se espera que el vehículo sea retirado de su posesión de forma definitiva.

Desproporción e incongruencias

El motivo de la sanción —la posesión de apenas un kilo y medio de café comprado legalmente en Chile— expone la desproporción de la medida aplicada. En lugar de una advertencia o sanción administrativa, la aduana optó por el procedimiento más severo, comprometiendo el proyecto de vida de dos viajeros que han recorrido el continente de manera respetuosa y legal.

Este caso revela la falta de criterio y la desconexión entre las autoridades locales, que apoyaban el emprendimiento de los viajeros, y las autoridades aduaneras nacionales, cuyo accionar rígido y desmedido impacta no solo en los individuos afectados, sino también en la imagen del país frente a la comunidad viajera internacional.

Solidaridad local frente al abuso burocrático

Pese a la adversidad, Fabi y Jaime han destacado la solidaridad de la comunidad local y del municipio, que les proporcionó alojamiento temporal en un albergue deportivo, donde pueden permanecer junto a su mascota en condiciones dignas mientras enfrentan el proceso.

«Ha sido muy duro, pero también hemos sentido el apoyo humano de la gente», compartieron a través de sus redes sociales, donde cientos de seguidores ya comenzaron a manifestar su indignación y apoyo.

La historia de esta pareja mexicana no solo representa una odisea personal interrumpida injustamente, sino que también invita a una reflexión profunda: ¿están las autoridades chilenas actuando con proporcionalidad y humanidad frente a casos que claramente no representan una amenaza para el país?

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Porvenir, Tierra del Fuego – Una grave situación de salud pública afecta a pacientes renales en la comuna de Porvenir, quienes deben desplazarse hasta tres veces por semana a Punta Arenas para acceder a sus tratamientos de diálisis. Ante esta situación, se interpuso un recurso de protección en contra de la autoridad sanitaria por la postergación en la implementación de un centro de diálisis en la ciudad fueguina.

La acción judicial fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en representación de Fernanda Subiabre, paciente renal y residente de Porvenir, quien desde hace un año realiza constantes viajes para continuar con su tratamiento, esencial para su supervivencia.

“Con este tratamiento depende mi vida, porque sin eso no puedo tener mi cuerpo limpio, que es la función que hacen los riñones. Y como acá no hay diálisis, tengo que hacerlo sí o sí en Punta Arenas”, relató Subiabre. La paciente denunció que realiza cerca de 180 viajes anuales, enfrentando un desgaste físico, económico y emocional, además de tener que dejar a sus hijos menores de edad solos en la comuna mientras se somete a las terapias.

Según indica el abogado patrocinante del recurso Juan José  Srdanovic Arcos, existen instalaciones viables en Porvenir, como el antiguo hospital, que podrían ser habilitadas como centro de diálisis. No obstante, las autoridades sanitarias han dilatado esta medida, proyectando su implementación recién para el año 2028.

“Es una situación vejatoria que se postergue la decisión de instalar un centro de diálisis en Porvenir, sobre todo considerando que existen instalaciones disponibles. La decisión del Ministerio de Salud pone en riesgo la vida de los pacientes, especialmente en días donde se interrumpe la conectividad con Punta Arenas por condiciones climáticas”, señaló el abogado a cargo del recurso.

Fernanda Subiabre subrayó la incertidumbre de tener que esperar tres años más para una solución: “La ministra cuando vino dijo que iban a hacer una diálisis este año, después cambiaron eso para 2028, y eso es preocupante porque no sé si voy a estar viva para esa fecha”.

La acción judicial busca que el tribunal acoja el recurso y ordene a la autoridad de salud tomar medidas urgentes que permitan la pronta instalación de un centro de diálisis en la capital fueguina, beneficiando no solo a Subiabre, sino también a otros pacientes de la región que enfrentan esta misma necesidad.

La situación de Fernanda no es aislada. En Tierra del Fuego existen más pacientes en condiciones similares, lo que refuerza el llamado a una pronta solución estructural que garantice el acceso igualitario a la salud para todos los habitantes del territorio.

Porvenir.– La reciente elección de la concejala y ex alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, como presidenta del Centro Social Hijos de Chiloé ha sido objeto de impugnación por parte de dos de los candidatos que participaron en el proceso.

La elección, realizada en una asamblea convocada por el dirigente saliente Renato Andrade Márquez, fue cuestionada principalmente por Marco Aguilar Águila. Este sostuvo que varios de los participantes residen fuera de la región de Magallanes y que, por ende, no cumplen con los requisitos de participación activa en la agrupación, que según él, debería limitar su membresía a quienes contribuyen regularmente a las tareas del centro.

Ante las dudas sobre su idoneidad para asumir la presidencia de la agrupación, Marisol Andrade indicó que consultó con un abogado, quien le explicó que, según la legislación vigente, los concejales no pueden integrar directivas de organizaciones territoriales —como juntas de vecinos— debido a posibles conflictos de interés. No obstante, el abogado habría aclarado que el Centro Social Hijos de Chiloé no se clasifica como tal, ya que no es una organización territorial ni recibe fondos municipales, por lo que no existiría impedimento legal para su participación en el directorio.

Actualmente, la impugnación se encuentra en análisis por parte del Tribunal Electoral, que deberá evaluar la validez del proceso y si la elección de Andrade cumple con la normativa aplicable, así como con los estatutos internos de la organización.

Fuente: LPA

¿Puede un concejal presidir una institución social?

Expertos señalan que la participación de concejales en directivas de instituciones sociales depende de varios factores:

Leyes locales: Algunos cuerpos normativos prohíben que funcionarios electos ocupen cargos en instituciones públicas o privadas si se configura un conflicto de interés.

Naturaleza de la institución: Si la entidad está relacionada con la administración municipal, puede haber incompatibilidades o inhabilidades.

Estatutos internos: Cada institución puede establecer requisitos propios sobre quién puede formar parte de su directiva.

¿Recibe el centro social hijos de chiloe, beneficios municipales?

La revisión legal y estatutaria resulta clave en estos casos para evitar cuestionamientos éticos o legales.