Corte rechaza recurso de ganaderos por ataques de perros asilvestrados en Tierra del Fuego

Tribunal determinó que municipios y servicios públicos no cuentan actualmente con facultades legales para realizar el control letal de las jaurías

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección presentado por ganaderos de Tierra del Fuego, quienes buscaban que distintos organismos públicos adoptaran medidas concretas frente a los reiterados ataques de perros asilvestrados que afectan a los rebaños en sectores rurales de la provincia.

La resolución, correspondiente a la causa Rol N.º 341-2026, fue adoptada de manera unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada.

La acción estaba dirigida contra las municipalidades de Porvenir, Primavera y Timaukel, además del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Salud de Magallanes y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Organismos no tendrían atribuciones para eliminar jaurías

Uno de los principales puntos establecidos por la Corte es que las instituciones recurridas no cuentan actualmente con las facultades legales necesarias para efectuar el control mediante eutanasia o eliminación de perros asilvestrados.

En el caso de los municipios, el tribunal recordó que la Ley N.º 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas prohíbe utilizar el sacrificio de animales como mecanismo de control de población, disposición que también alcanza a los servicios públicos.

Respecto del SAG, la sentencia señala que las jaurías de perros salvajes o bravíos fueron eliminadas de la categoría de especies perjudiciales o dañinas contemplada anteriormente en el Reglamento de la Ley de Caza. Por esta razón, el organismo no tendría actualmente atribuciones para ejecutar las acciones solicitadas por los ganaderos.

En cuanto a la Seremi de Salud, la Corte indicó que sus facultades están relacionadas principalmente con riesgos sanitarios, como mordeduras y zoonosis, y no específicamente con el control de fauna asilvestrada.

Problema requiere una solución de carácter público y legislativo

Pese a rechazar el recurso, la Corte reconoció la existencia de una problemática que afecta directamente a la actividad productiva de Tierra del Fuego.

El tribunal sostuvo que enfrentar los ataques de jaurías requiere la generación de una política o programa público coordinado entre distintos organismos con competencias específicas, situación que incluso podría requerir modificaciones legales.

Precisamente, la sentencia hace referencia a la discusión legislativa destinada a modificar la Ley de Caza para permitir, bajo determinadas causales, el control de perros asilvestrados en sectores rurales ante ataques contra la ganadería y la fauna nativa.

De esta manera, mientras no exista un cambio en la legislación vigente, los organismos recurridos carecerían de las herramientas necesarias para aplicar algunas de las medidas exigidas por los productores.

El fallo vuelve a instalar una problemática de larga data en Tierra del Fuego, donde el sector ganadero ha advertido reiteradamente sobre las pérdidas provocadas por ataques de jaurías y ha solicitado una respuesta efectiva para enfrentar el fenómeno en las zonas rurales.

A seis meses de la desaparición de Luis Maldonado Saldivia, su madre pide respuestas y que continúe su búsqueda

Familia mantiene la esperanza de conocer qué ocurrió con el trabajador desaparecido en Porvenir

Este sábado 22 de agosto se cumplen seis meses desde la desaparición de Luis Maldonado Saldivia, trabajador cuyo paradero continúa siendo desconocido. A medio año de su desaparición, su familia mantiene la esperanza de obtener antecedentes que permitan conocer qué ocurrió y encontrarlo.

En una entrevista realizada hace algunas semanas, su madre, Mirtha Saldivia, relató la difícil situación que atraviesa la familia y expresó su preocupación por lo que considera una falta de avances y respuestas concretas respecto de las diligencias destinadas a ubicar a su hijo.

“Vine aquí por mi hijo”, expresó la mujer, quien ha permanecido durante meses en Porvenir esperando novedades. Según su testimonio, durante este período no habría recibido información suficiente respecto de los avances de la investigación.

Madre pide intensificar las diligencias

Mirtha Saldivia cuestionó que, según su percepción, no se hayan desarrollado las acciones de búsqueda que esperaba durante estos meses. En su relato aseguró no haber observado operativos de Carabineros o de la Policía de Investigaciones destinados a encontrar a Luis y manifestó su preocupación por la falta de respuestas.

Sus afirmaciones corresponden al testimonio entregado por la madre y reflejan la percepción de la familia respecto del desarrollo de la investigación.

“Es un ser humano”, manifestó al referirse a su hijo y al dolor que significa para la familia continuar sin conocer su paradero.

La madre también sostuvo que esperaba recibir información directamente de quienes llevan adelante la investigación y señaló que su hija, Mariela, igualmente habría intentado obtener antecedentes sobre el caso.

Seis meses de incertidumbre para la familia

La desaparición de Luis Maldonado Saldivia también ha provocado un fuerte impacto en su entorno familiar. Su madre relató especialmente la situación de Mariela, hermana de Luis, quien ha enfrentado este período con gran preocupación.

Según explicó, los hermanos mantuvieron desde pequeños una relación muy cercana, por lo que la desaparición ha significado un duro golpe para ella y para toda la familia.

Mirtha Saldivia también ha debido permanecer durante varios meses lejos de su hogar con el propósito de buscar respuestas y mantenerse cerca del lugar donde desapareció su hijo.

A seis meses de aquel momento, reconoce que la incertidumbre continúa siendo una de las situaciones más difíciles de enfrentar.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo”

Junto con solicitar respuestas a las autoridades, la madre realizó un llamado a cualquier persona que pudiera disponer de antecedentes relacionados con la desaparición.

Incluso pidió que quienes tengan temor de identificarse puedan buscar mecanismos para entregar la información de manera reservada a las autoridades, enfatizando que cualquier antecedente podría resultar importante.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo”, expresó durante su testimonio.

Para la familia, la difusión del caso también constituye una herramienta para evitar que la desaparición quede en el olvido y eventualmente conseguir nuevos antecedentes.

Este 22 de agosto, cuando se cumplen exactamente seis meses desde la desaparición de Luis Maldonado Saldivia, sus seres queridos mantienen el mismo objetivo: conocer qué ocurrió, obtener respuestas sobre las diligencias desarrolladas y, principalmente, saber dónde está Luis.

Mientras no existan noticias sobre su paradero, su madre y su familia aseguran que continuarán esperando y solicitando que su búsqueda permanezca activa.

Operación «Legado Austral»: Desbaratan banda dedicada al contrabando de cigarrillos y lavado de activos en Magallanes

PUNTA ARENAS. Cinco personas fueron enviadas a prisión preventiva tras ser formalizadas por los delitos de contrabando de cigarrillos, asociación criminal y lavado de activos, luego de una investigación de diez meses desarrollada por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía y la Autoridad Marítima.

La organización ingresaba cigarrillos desde la provincia argentina de Tierra del Fuego por pasos no habilitados y posteriormente los trasladaba hasta Punta Arenas para su comercialización.

El operativo se inició el 4 de agosto en Punta Delgada, donde detectives y personal de la Policía Marítima detectaron un vehículo que transportaba una importante carga de cigarrillos de contrabando a bordo del ferry que realizaba el cruce del Estrecho de Magallanes. El procedimiento permitió la detención de dos de los investigados y dio paso a allanamientos realizados al día siguiente, donde fueron capturados los otros tres integrantes de la banda.

En total se incautaron 56.608 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en cerca de 400 millones de pesos, además de más de 19 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, combustible y seis vehículos.

Desde la Fiscalía, la PDI, Aduanas y la Autoridad Marítima destacaron el trabajo coordinado que permitió desarticular esta organización criminal, cuyo actuar generó un perjuicio fiscal estimado en 270 millones de pesos.