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Finalmente, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección a favor del abogado Carlos Contreras quien representa a la empresa de asesoría jurídica en contra de la Contraloría Regional, estimándose que lo expuesto por el ente fiscalizador se trató de una cuestión arbitraria y sin fundamento jurídico.

Los tres dictámenes emitidos por la Contraloría Regional quedarían sin efecto luego de la decisión que tomó la Corte de Apelaciones acogiendo un recurso de protección a favor del abogado Carlos Contreras. 

Cabe destacar que a través de dichos dictámenes se le había ordenado a la Municipalidad de Porvenir que las funciones realizadas por los Servicios Jurídicos de Carlos Contreras Quintana y Compañía Limitada debían ser desempeñadas por personal municipal y no por terceros. 

En este sentido, el alcalde de Porvenir José Gabriel Parada, se pronunció al respecto y fundamentalmente en contra de las declaraciones que el concejal Carlos Soto realizó tanto en ámbitos públicos como privados señalando la existencia de irregularidades y que el contrato no cumplía con los estándares de probidad. 

“El concejal Soto realizó aseveraciones que no se ajustaban a la realidad, dejando entrever su desconocimiento de la función municipal y pública. En tal sentido, trató de hacer un circo con esta situación dañando mi imagen como alcalde y la de la empresa de asesorías jurídicas. Entonces, le pregunto a Soto, ¿fue ignorancia o mala fe? Porque la Corte de Apelaciones echó por tierra todo lo que usted ha pregonado en los últimos tiempos. Aquí el contrato fue bien hecho, no hubo ninguna situación anómala”, manifestó el jefe comunal. 

Vale la pena señalar que entre los argumentos que se plantearon en el informe de Contraloría se encontraba la disposición que obliga a los alcaldes a contratar un profesional bajo la modalidad de concurso o a contrata, interviniendo directamente su autonomía para la administración de recursos, transgrediendo un derecho de la administración municipal.

Por su parte, Parada explicó que “en la construcción de la planta durante 2017-2018, la municipalidad no dejó consignada la asesoría jurídica ni tampoco un abogado, por lo cual no era posible llamar a concurso. El contrato que tuvimos estos últimos dos años nos daba la seguridad no solo en los trámites jurídicos y administrativos, sino también en los litigios”. Sin embargo, producto de esta observación de la Contraloría se tuvo que contratar asesorías jurídicas y servicios de litigios por separado, lo que significó un aumento en los costos.

De esta manera, a partir de este mes se deberá pagar un sobreprecio por todo lo que significa la asesoría jurídica, que hasta diciembre de 2023 costaba unos 5 millones y que incluía tres abogados y una secretaria. “En este contexto, a partir del reclamo del concejal Soto, para hacer los trámites administrativos/jurídicos necesitamos un abogado, pero para poder litigar necesitamos contratar a otra empresa –que, además, tenga experiencia-, lo que generará costos adicionales que se pudieron haber evitado si en enero el Concejo Municipal no hubiese rechazado la contratación de la asesoría jurídica. El concejal Soto fue el principal responsable de trabar todo este proceso a costa de un mayor gasto de recursos municipales que debieron haberse utilizado en otro tipo de gestión o beneficio para la comunidad”, afirmó el alcalde de Porvenir. 

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Salud impulsa unidades modulares de diálisis en Punta Arenas y Porvenir

 

El Ministerio de Salud anunció la instalación de unidades de diálisis modulares en Punta Arenas y Porvenir, como parte de una estrategia para mejorar el acceso a tratamientos renales en zonas extremas. Esta modalidad, ya implementada exitosamente en comunas como La Granja y Caldera, permite una rápida puesta en marcha de los servicios.

La iniciativa busca optimizar recursos, garantizar operatividad y responder rápidamente a la demanda en la región de Magallanes. Se contempla una licitación financiada por el Gobierno Regional, con soluciones que van desde el arriendo de infraestructura hasta sistemas «llave en mano».

Aunque ya existe un proyecto definitivo para Tierra del Fuego aprobado en 2024, la medida modular permitirá reducir plazos y cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad de Porvenir.

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Funcionarios del Colegio María Auxiliadora de Porvenir inician paro por sueldos impagos

 

Porvenir. Los funcionarios del Colegio María Auxiliadora de Porvenir iniciaron este lunes una paralización indefinida en respuesta al incumplimiento del pago de sus sueldos correspondientes al mes de abril y el retraso en el pago de cotizaciones previsionales de marzo.

 

El sindicato de trabajadores del establecimiento, administrado por la Fundación FIDE XII, denunció la grave situación que afecta la estabilidad económica de los funcionarios y sus familias. A través de un comunicado, hicieron un llamado a las autoridades a atender el conflicto con responsabilidad y disposición al diálogo.

 

“Esperamos que esta paralización sea comprendida como un llamado a la responsabilidad, y reiteramos nuestra disposición a resolver esta situación de manera dialogada. Los sueldos son la base de la estabilidad económica de cada trabajador y su familia”, señaló el sindicato.

 

Esta no es la primera vez que los trabajadores enfrentan este tipo de problemas. En diciembre pasado, ya se había evidenciado una deuda de 160 millones de pesos por cotizaciones impagas, lo que llevó a un acuerdo con el sostenedor para regularizar la situación. Según ese compromiso, FIDE XII abonaría el 50% de la deuda en diciembre y el resto en los primeros meses de 2025.

 

Ante el nuevo incumplimiento, los funcionarios decidieron retomar la movilización, exigiendo el cumplimiento íntegro de sus derechos laborales.

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Comunales

Aduana chilena frena el sueño de pareja mexicana a 500 kilómetros de Ushuaia

 

A pesar de contar con permisos municipales, agentes incautan combi por venta de café artesanal

Porvenir – La falta de criterio de la aduana chilena ha puesto en jaque el sueño de Fabi y Jaime, una pareja mexicana que desde hace más de tres años y medio recorre Latinoamérica a bordo de su combi, con la meta de llegar a Ushuaia, Argentina, conocido como «el fin del mundo». A escasos 500 kilómetros de alcanzar su destino final, su travesía se ha visto amenazada por una sorpresiva e injustificada intervención de las autoridades aduaneras.

 

Hasta la fecha, Fabi y Jaime han recorrido 14 países en su aventura, promoviendo el turismo local y generando intercambios culturales en cada región que visitan. Sin embargo, el pasado viernes 25 de abril, alrededor de las 15:00 horas, mientras visitaban un museo local, su vehículo fue intervenido por una patrulla de policía y dos agentes de aduanas, bajo el argumento de una supuesta infracción relacionada con la venta de café.

 

Permisos ignorados y exceso de rigor

De acuerdo con los viajeros, la fiscalización se inició debido a una denuncia sobre la venta de café desde su combi. Lo alarmante es que contaban con la autorización expresa del municipio para realizar esta actividad, un detalle que la aduana decidió ignorar. Los agentes procedieron a revisar exhaustivamente el vehículo, abriendo compartimentos y tomando fotografías, para luego declarar su «secuestro».

 

Gracias a la intervención de funcionarios municipales, se evitó que el vehículo fuera retirado de inmediato. Aduanas, tras una llamada con superiores, permitió que los viajeros retuvieran su combi bajo custodia temporal, apelando a razones humanitarias, ya que viven en ella y viajan con su mascota.

 

No obstante, la medida de incautación se mantiene vigente, y la pareja deberá presentarse el miércoles 30 de abril en Punta Arenas, donde se espera que el vehículo sea retirado de su posesión de forma definitiva.

 

Desproporción e incongruencias

El motivo de la sanción —la posesión de apenas un kilo y medio de café comprado legalmente en Chile— expone la desproporción de la medida aplicada. En lugar de una advertencia o sanción administrativa, la aduana optó por el procedimiento más severo, comprometiendo el proyecto de vida de dos viajeros que han recorrido el continente de manera respetuosa y legal.

 

Este caso revela la falta de criterio y la desconexión entre las autoridades locales, que apoyaban el emprendimiento de los viajeros, y las autoridades aduaneras nacionales, cuyo accionar rígido y desmedido impacta no solo en los individuos afectados, sino también en la imagen del país frente a la comunidad viajera internacional.

 

Solidaridad local frente al abuso burocrático

Pese a la adversidad, Fabi y Jaime han destacado la solidaridad de la comunidad local y del municipio, que les proporcionó alojamiento temporal en un albergue deportivo, donde pueden permanecer junto a su mascota en condiciones dignas mientras enfrentan el proceso.

 

«Ha sido muy duro, pero también hemos sentido el apoyo humano de la gente», compartieron a través de sus redes sociales, donde cientos de seguidores ya comenzaron a manifestar su indignación y apoyo.

 

La historia de esta pareja mexicana no solo representa una odisea personal interrumpida injustamente, sino que también invita a una reflexión profunda: ¿están las autoridades chilenas actuando con proporcionalidad y humanidad frente a casos que claramente no representan una amenaza para el país?

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