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Durante la jornada de este jueves 4 de enero, autoridades regionales y comunales, encabezadas por el Gobernador Regional Jorge Flies, el Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Consejeros Regionales, y la Alcaldesa de Río Verde Sabina Ballesteros, constataron en terreno los avances que presenta la anhelada ruta Hollemberg – Río Pérez, iniciativa del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas que busca ser una vía alternativa a la Ruta 9 para quienes transiten entre las provincias de Última Esperanza y Magallanes.
La senda de penetración, que busca unir la Ruta Y-340 desde el sector de Seno Obstrucción con la zona de Bahía Williams en la Ribera norte de Seno Skyring, con la Ruta Y-502 Río Pérez, presenta actualmente un 87% de avance, estimándose el término del contrato para fines de abril de 2024.
En este sentido, el Gobernador Regional Jorge Flies, indicó que: “Estamos muy contentos con esta obra que es trascendente para la región, y esperamos que los magallánicos en unos años más puedan recorrer esta ruta y disfrutar de los maravillosos paisajes que nos presenta el lugar, impulsando también el desarrollo de la comuna de Río Verde y el turismo regional”.
Buscando seguir impulsando el progreso de la comuna, la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros, manifestó que “esta es una oportunidad tremenda para nosotros los rioverdinos en poder desarrollarnos y modernizarnos, y por supuesto, impulsar la economía, el turismo y lo social de la comuna”.
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, señalo que “hemos podido ver en terreno el excelente trabajo que han realizado la empresa contratista Ingeniería Civil Vicente (ICV) junto con los equipos de la Dirección de Vialidad, dado que pese a las complejidades que ha presentado el lugar para avanzar con la apertura del camino, ya se licitó la última etapa de este tramo y esperamos poder adjudicarlo en los próximos meses para comenzar los diseños, con la finalidad que las obras comiencen a más tardar el primer trimestre del 2025”.
“Con esta obra estamos hablando de mejorar la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de las personas, como nos mandata el Gobierno del Presidente Gabriel Boric”, añadió el titular del MOP.
En la ocasión, la Consejera Regional de la Provincia de Última Esperanza, Ximena Montaña, destacó la importancia del proyecto para el desarrollo de la región, mencionado que: “La apertura del camino se financia bajo el Plan de Zonas Extremas que el actual Gobierno ha transformado en una política permanente que va en ayuda de quienes vivimos alejados del centro del país”.
“Magallanes tiene mucho potencial de desarrollo, y justamente obras como estas son muestra de aquello. Acá lo que estamos haciendo es abrir posibilidad de expansión y desarrollo para nuestra región en materia turística e investigación, no sólo cambiándole la cara a Río Verde sino a toda la zona”, puntualizó por su parte el Consejero Regional por la Provincia de Magallanes, Pablo Cifuentes.
El proyecto, que atraviesa diversos ambientes únicos de la diversidad biológica de la región, donde además las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas, son de especial interés educativo, científico, turístico y recreativo, tiene una inversión que bordea los 19 mil millones de pesos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

Comunales

Sindicatos de Nova Austral contra posible liquidación de la salmonera: “Estamos devastados y consternados”

Esta semana, Nova Austral, la salmonera que es la principal empleadora de Tierra del Fuego, sufrió un revés en la justicia. Tras un proceso marcado por disputas entre acreedores, la compañía había logrado aprobar un acuerdo para su reorganización judicial, en la que había revelado deudas por US$ 560 millones.

No obstante, tras una arremetida de Nutreco -proveedor de alimentos holandés que opera a través de Skretting- y la Compañía Salmonífera Dalcahue, el Juzgado de Letras y Garantía ordenó la liquidación de la firma.

Estas empresas impugnaron el proceso, argumentando que contenía cláusulas que favorecían a algunos acreedores en desmedro de otros.

Tras esto, los sindicatos de trabajadores de Nova Austral emitieron una declaración pública, en la que señalaron que “estamos devastados y consternados por la decisión” que acogió “la impugnación de solo dos acreedores en contra de un acuerdo de reorganización judicial que se aprobó con una gran mayoría del 92%”.

La carta califica el fallo como “irresponsable, ya que dejará en el corto plazo a más de 800 familias sin su principal sustento, y eliminará los cerca de 3.500 empleos directos e indirectos que Nova Austral aporta a la comunidad de Porvenir”.

La crisis social

Los trabajadores pusieron en tela de juicio la decisión del tribunal por no “sopesar el impacto social y económico” y criticaron que no existe “ningún plan de contingencia por parte de las autoridades para amortiguar la pérdida de nuestros puestos de trabajo”.

Durante toda la crisis de Nova Austral, en paralelo, se han realizado movilizaciones en Tierra del Fuego, al punto que en uno de sus viajes a la Región, el Presidente Gabriel Boric se reunió con los sindicatos.

“Hemos visto cómo mes a mes empresas que operan en la Región de Magallanes cierran sus puertas, por lo que esperamos que la decisión irresponsable del tribunal logre revertirse lo antes posible para así evitar una catástrofe social sin precedentes en la zona”, escribieron los sindicatos.

La carta, firmada por cinco sindicatos, apunta a que “después de tantos esfuerzos desplegados en estos últimos cuatro años para evitar castigos desproporcionados y mejorar al máximo los estándares de cumplimiento y medioambientales, no bajaremos los brazos, sobre todo que en los últimos meses la empresa ha estado operando bien y cumpliendo sus objetivos de producción”.

Y agrega que “como trabajadores de Nova Austral queremos reiterar el absoluto apoyo a nuestro empleador para que emprenda todas las acciones a su disposición con el objetivo de evitar su liquidación, ya que hoy es el motor de la economía de Porvenir”.

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Comunales

El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir declaró este martes la quiebra de la salmonera Nova Austral

Esto luego de que dos proveedores (Comercializadora Nutreco Chile Limitada y Salmonífera Dalcahue Limitada) impugnaran el acuerdo de reorganización judicial, disconformes con las cláusulas de pago del convenio, que permitía la viabilidad de la empresa que opera en Magallanes.

La resolución, firmada por el juez Pablo Aceituno, ordenó la apertura del proceso de liquidación concursal, solicitando a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la nominación de un liquidador, acompañando los antecedentes de los tres principales acreedores.

Sin embargo, Nova Austral, asesorada por el abogado Ricardo Reveco socio de Carey, en las próximas horas presentará una apelación a la resolución del tribunal de primera instancia, elevando el caso a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Conocedores del proceso calificaron el revés de la salmonera como grave, no solo porque es un tropiezo en su plan para dar continuidad a la empresa, sino que también porque podría impactar en los beneficios tributarios que obtiene a través de la Ley Navarino. La salmonera de capitales noruegos otorga empleo en Magallanes a más de 3.000 personas en forma directa e indirecta.

A pesar de lo anterior, para Nutreco el acuerdo es ilegal, ya que remite el 100% del crédito y alza las garantías que existían, lo que, acusa, provoca una diferencia entre los dos proveedores de alimento de salmones, declarando a Ewos como “esencial” y aparta a Nutreco de esa condición. El crédito que alega la compañía asciende a US$23 millones. Por su parte, Salmonífera Dalcahue es una empresa familiar y exige el pago de una deuda de solo $150 millones: tiene un crédito valista por un negocio que hicieron ambas salmoneras.

Nutreco es representada por el abogado Fernando Urrutia, socio de Cariola, y Salmonífera Dalcahue es asesorada por el abogado Jose Luis Díaz.

En su resolución, el tribunal concluyó que el Acuerdo de Reorganización Judicial de Nova Austral “genera una desigualdad infundada, que deviene en ilegal, constituyendo una privación patrimonial a las afectadas”. Para ello, se basa en el el artículo 64 de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite que en las propuestas de acuerdo de reorganización se puedan “establecer condiciones más favorables para algunos de los acreedores de una misma clase o categoría, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con Quórum Especial, el cual se calculará únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos”.

El juez determinó lo que el “trato diferenciado se observa en la posibilidad de financiar capital de trabajo y traspasa el marco del artículo 64 de la Ley de Insolvencia”. También acotó que el convenio “genera una discriminación arbitraria, injustificada, injusta o desproporcionada y ajustada al referido artículo 64, facilitar el salvataje económico de la empresa Nova Austral”, acotó.

Origen

El 17 de enero de 2024, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir aprobó el plan de reorganización de la compañía.

El acuerdo fue aprobado por el 92% de los acreedores, y por el 86% de los acreedores preferentes. Nutreco habría votado en contra de la propuesta. La empresa inició el proceso a mediados del año pasado, para reestructurar sus pasivos, y asegurar su continuidad operacional.

El desempeño de la empresa, que opera en la región de Magallanes y la Antártica Chilena desde hace más de 15 años, se ha visto afectado por una serie de factores, que le han impedido el normal desarrollo de su giro. Entre ellos, las duras sanciones que recibió por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), explicó en su solicitud de reorganización.

En el escrito de ese entonces, Nova Austral indicó que sus pasivos suman US$559millones ($449.636 millones). Los tres mayores acreedores son: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones).

El “endurecimiento del estándar fiscalizador”; la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía”; la “invalidación de autorizaciones para relocalizar centro de cultivo” y la “emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile”, fueron los motivos que llevaron a la empresa a su reorganización.

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Comunales

Nova Austral logra acuerdo con el Fisco para suspender proceso penal

El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dio este martes lugar a la suspensión condicional del proceso penal seguido en contra de Nova Austral por el delito de contaminación de aguas, luego de que la salmonera llegara a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esta causa se enmarca en la querella penal que el mismo CDE presentó en 2020 en contra de cinco exejecutivos de la salmonera por delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, por hechos ocurridos entre 2016 y 2019, cuando la empresa habría reportado información ambiental adulterada, haciendo además uso de la Ley Navarino, que entrega beneficios tributarios a compañías que se instalan en la Región de Magallanes.

La causa sigue en contra del exgerente general de la salmonera, Nicos Nicolaides, y los otros cuatro ejecutivos y, de hecho, la Fiscalía ya habría presentado acusaciones en contra de ellos. El acuerdo del CDE es solo con Nova Austral como compañía, que hoy cuenta con otra administración y está en un proceso de reestructuración de sus deudas y de cambio de controladores.

El acuerdo

La suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral -representada por Carey Abogados- disponga de unos $ 7.000 millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República (TGR), destinándolos al pago de ciertos impuestos determinados por el SII. Nova Austral también desistirá de todas “las impugnaciones, reclamos y excepciones deducidas en contra del cobro de deudas tributarias ante organismos públicos y Tribunales de Justicia que a la fecha se encuentren vigentes”, que son al menos cinco casos que se explicitan en el acuerdo. También implica que la firma llegue a un acuerdo con el SII y la TGR en todos los temas tributarios que tiene pendientes.

Además, donará a la Gobernación Regional de Magallanes un terreno en Porvenir que, según fuentes cercanas a la empresa, estaría avaluado en cerca de UF 46.000 (más de $ 1.700 millones) y podría ser utilizado para un proyecto comunitario.

Por otro lado, la salmonera también se obliga a actualizar su Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con las exigencias de la nueva Ley de Delitos Económicos y particularmente en cuanto a los atentados contra el medio ambiente, lo cual deberá ser certificado por un tercero independiente.

Vale decir que, además de no interferir en las acusaciones contra los exejecutivos, el acuerdo tampoco suspende los otros procesos judiciales de la empresa en tribunales civiles y ambientales, sino que solo aplica para la arista penal.

La reorganización

A mediados de enero, siete meses después de que ingresó la solicitud, Nova Austral recién logró que sus acreedores aprobaran la reorganización judicial. El proceso ha estado marcado por una ardua disputa entre los dos grandes acreedores, los bonistas -grupo que incluye a un fondo británico que compró los títulos de Moneda Asset y el family office de los Solari Donaggio- y el banco noruego DNB, además de una crisis social debido a que la compañía es la principal empleadora de la isla de Tierra del Fuego y reveló deudas por US$ 560 millones.

El acuerdo de reorganización implica que el fondo noruego Altor -cuyo representante Tom Christian Jovik hoy enfrenta querellas de parte de Moneda y los Solari- salga de la propiedad de la empresa, cediéndola, justamente, a los acreedores.

La delicada situación de Nova Austral, que hoy tiene al exejecutivo de Cencosud, Nicolás Larco, como gerente general, habría hecho necesario el esfuerzo financiero para lograr el acuerdo de esta semana, pues los temas tributarios estaban resultando como una piedra de tope para concluir la reestructuración con éxito.

Los exejecutivos

La causa penal, en tanto, continuará en contra de Nicolaides y también del exgerente de Producción, Arturo Schofield; del exgerente regional de Magallanes, Drago Covacich; y de los exjefes de área, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.

En 2020, el CDE acusó que estos ejecutivos abusaron de la Ley Navarino, percibiendo diversos beneficios tributarios que fueron solicitados “de manera fraudulenta”.

Ese año, en su querella, el Consejo acusó que, desde 2016, la compañía obtuvo un beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante haber incumplido la obligación de hacer un uso racional de los recursos naturales de la región, haber dañado el medio ambiente y proporcionado “información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva”.

DF.

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