El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dio este martes lugar a la suspensión condicional del proceso penal seguido en contra de Nova Austral por el delito de contaminación de aguas, luego de que la salmonera llegara a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esta causa se enmarca en la querella penal que el mismo CDE presentó en 2020 en contra de cinco exejecutivos de la salmonera por delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, por hechos ocurridos entre 2016 y 2019, cuando la empresa habría reportado información ambiental adulterada, haciendo además uso de la Ley Navarino, que entrega beneficios tributarios a compañías que se instalan en la Región de Magallanes.

La causa sigue en contra del exgerente general de la salmonera, Nicos Nicolaides, y los otros cuatro ejecutivos y, de hecho, la Fiscalía ya habría presentado acusaciones en contra de ellos. El acuerdo del CDE es solo con Nova Austral como compañía, que hoy cuenta con otra administración y está en un proceso de reestructuración de sus deudas y de cambio de controladores.

El acuerdo

La suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral -representada por Carey Abogados- disponga de unos $ 7.000 millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República (TGR), destinándolos al pago de ciertos impuestos determinados por el SII. Nova Austral también desistirá de todas “las impugnaciones, reclamos y excepciones deducidas en contra del cobro de deudas tributarias ante organismos públicos y Tribunales de Justicia que a la fecha se encuentren vigentes”, que son al menos cinco casos que se explicitan en el acuerdo. También implica que la firma llegue a un acuerdo con el SII y la TGR en todos los temas tributarios que tiene pendientes.

Además, donará a la Gobernación Regional de Magallanes un terreno en Porvenir que, según fuentes cercanas a la empresa, estaría avaluado en cerca de UF 46.000 (más de $ 1.700 millones) y podría ser utilizado para un proyecto comunitario.

Por otro lado, la salmonera también se obliga a actualizar su Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con las exigencias de la nueva Ley de Delitos Económicos y particularmente en cuanto a los atentados contra el medio ambiente, lo cual deberá ser certificado por un tercero independiente.

Vale decir que, además de no interferir en las acusaciones contra los exejecutivos, el acuerdo tampoco suspende los otros procesos judiciales de la empresa en tribunales civiles y ambientales, sino que solo aplica para la arista penal.

La reorganización

A mediados de enero, siete meses después de que ingresó la solicitud, Nova Austral recién logró que sus acreedores aprobaran la reorganización judicial. El proceso ha estado marcado por una ardua disputa entre los dos grandes acreedores, los bonistas -grupo que incluye a un fondo británico que compró los títulos de Moneda Asset y el family office de los Solari Donaggio- y el banco noruego DNB, además de una crisis social debido a que la compañía es la principal empleadora de la isla de Tierra del Fuego y reveló deudas por US$ 560 millones.

El acuerdo de reorganización implica que el fondo noruego Altor -cuyo representante Tom Christian Jovik hoy enfrenta querellas de parte de Moneda y los Solari- salga de la propiedad de la empresa, cediéndola, justamente, a los acreedores.

La delicada situación de Nova Austral, que hoy tiene al exejecutivo de Cencosud, Nicolás Larco, como gerente general, habría hecho necesario el esfuerzo financiero para lograr el acuerdo de esta semana, pues los temas tributarios estaban resultando como una piedra de tope para concluir la reestructuración con éxito.

Los exejecutivos

La causa penal, en tanto, continuará en contra de Nicolaides y también del exgerente de Producción, Arturo Schofield; del exgerente regional de Magallanes, Drago Covacich; y de los exjefes de área, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.

En 2020, el CDE acusó que estos ejecutivos abusaron de la Ley Navarino, percibiendo diversos beneficios tributarios que fueron solicitados “de manera fraudulenta”.

Ese año, en su querella, el Consejo acusó que, desde 2016, la compañía obtuvo un beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante haber incumplido la obligación de hacer un uso racional de los recursos naturales de la región, haber dañado el medio ambiente y proporcionado “información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva”.

DF.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar” aseguró el alcalde de Porvenir tras allanamiento al municipio por caso de fundación ProCultura
Por instrucción del Ministerio Público se realizaron una serie de allanamientos a tres instituciones gubernamentales sobre contratos suscritos con la fundación ProCultura, en el marco del Caso Convenios. Los cuales fueron realizados en las oficinas del Serviu, Gobierno Regional y Municipalidad de Porvenir.
La investigación estuvo encabezada por personal de la Fiscalía de Aysén y la Policía de Investigaciones, quienes realizaron diligencias en los tres establecimientos.
Desde la municipalidad de Porvenir, brindaron un comunicado informando que colaboraron con la fiscalía, entregando toda la documentación correspondiente.
Por su parte, el alcalde José Gabriel Parada, se mostró tranquilo y expresó que “con la fundación Procultura, se firmó un convenio el año pasado, en donde el municipio contrataba sus servicios, y ellos entregaban un informe de acuerdo a la Carta Gantt, y producto de esto se pagaba. En ningún momento la municipalidad de Porvenir transfirió los recursos a la institución, nosotros contratamos los servicios de una consultora que era especialista en temas patrimoniales”.
Además, el edil agregó que “nosotros como municipio tenemos que estar sujetos y cooperar con las investigaciones, entregando toda la información y que se hagan las diligencias como corresponde y se aclaren los temas, nosotros no tenemos nada que ocultar”.
Por último, el alcalde Parada indicó que “quizás en el norte del país se les entregaba dinero a las fundaciones, en el caso de Porvenir no fue así nosotros en ningún momento hemos transferido ni un peso a las fundaciones, todos los recursos están en el municipio y se administran desde ahí”.
En tanto, el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, quien no se encontraba en la región en el momento que se realizaron las diligencias expresó que lo que “puedo asegurar a la comunidad es que el Gobierno Regional y también los municipios involucrados han hecho bien en su trabajo”.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, presentó el viernes su renuncia al cargo al Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, luego que la Fiscalía Regional Metropolitana anunció que se le formalizará tras nuevos antecedentes descubiertos en pericias al celular del abogado Luis Hermosilla en el marco del caso audios y el Consejo de Defensa del Estado comunicó que interpondrá una querella criminal en su contra.

«De acuerdo de la ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo. En este caso, el prefecto general Claudio González Hofstetter», dijo Presidencia en un comunicado.